El jefe policiaco explica que el índice de delitos ha bajado en esa ciudad gracias a su estrategia operativa de dos vías: primero atacar al narco y segundo a la delincuencia común.Sin embargo, defensores de derechos humanos lo acusan de haber violado garantías. Sus métodos son ilegales, advierten, “se basan en el arraigo y la tortura”, denuncian
TIJUANA, B.C.—El poder de los narcotraficantes en Tijuana era de tal magnitud, que en unos cuantos años se adueñaron de la ciudad y la sometieron a base de violencia. Primero que cualquier otra ciudad del país, el secuestro y la extorsión fueron causantes de una parálisis económica y de un éxodo sin precedentes de ciudadanos poniéndose a salvo. Los emisarios del crimen, dice el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, eran tan cínicos que solían apuntar fusiles contra señoras y niños que se topaban en las calles, tan sólo para divertirse con su miedo.“Hace dos años las bandas organizadas se movían por la ciudad como Juan por su casa”, describe. “Mataban gente aquí en el centro. ¡Aquí! Llegaban y los acribillaban, los destrozaban y luego se iban caminando y se subían al carro y nadie les hacía nada. No tenían consecuencias, por lo menos de carácter legal. Total impunidad”.
En diciembre de 2008 este hombre de 50 años asumió el control de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Imponer orden en un escenario como este, era casi imposible. Leyzaola entró en sustitución de Alberto Capella, el antiguo dirigente del Consejo Ciudadano de Seguridad al que narcotraficantes quisieron matar en su propio domicilio, en complicidad con agentes de policía, días antes de aceptar el cargo. Capella permaneció poco más de un año al frente de la dependencia, con el voto ciudadano ganado por su fama de honesto y valiente, sobre todo después de sobrevivir al atentado de 2007.
Pero ambos atributos no fueron suficientes para la realidad por la que atravesaba Tijuana. En octubre de ese año se registró el mayor número de asesinatos en la historia de la ciudad, 62 en una semana. Los cuerpos exhibieron muestras de enorme brutalidad: muchas víctimas fueron mutiladas o aparecieron colgando de puentes vehiculares; en basureros y tambos con ácido a medio disolverse. Eran producto de una guerra entre grupos locales, uno dirigido por Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, y otro por Teodoro García Simental, El Teo, de acuerdo con autoridades estatales de Baja California.
Se requería de un orden mayor al frente de la policía. “Ya no es una responsabilidad fácil para un civil asumir estos cargos”, dijo el alcalde Jorge Ramos al anunciar el nombramiento de Leyzaola. Capella respaldó el argumento al abandonar la ciudad los días siguientes.
Para entonces seis mil médicos se reunieron en una marcha contra la impunidad. Estaban abrumados por los secuestros y extorsiones, pero sobre todo por la inoperancia policiaca. Los dueños de restaurantes y bares eran igualmente lastimados por los criminales. Cientos de establecimientos cerraron puertas y los que se mantuvieron abiertos lo hacían con un mínimo de clientela y se veían obligados a cerrar por las noches.
“Todo esto ha venido a la baja desde que Julián se hizo cargo de la seguridad pública”, dice Mario Escobedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana. “Hace un año ibas a un restaurante y a las cinco de la tarde veías muy poca gente. La situación era lamentable. Los datos fríos nos hablan que hubo un incremento de 90% en el número de asaltos de 2007 a 2009”.
Leyzaola dio resultados en pocos meses. Al menos el tipo de resultados que esperan empresarios como Escobedo. Este año, según la Coparmex, los delitos en general decrecieron 7%. De ellos, 88% corresponden al fuero común. Eso ha reanimado la actividad comercial y la vida nocturna.
Para lograrlo, el teniente coronel fijó una estrategia operativa de dos vías. En el diseño contribuyó su maestro en el Colegio Militar, el general Sergio Aponte Polito, entonces comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en el estado. La primera vía operativa se dirigió hacia los grupos de narcotraficantes. La segunda al ataque de los delitos comunes de la ciudad, como el robo de autos, viviendas y asaltos.
Los delincuentes operaban con total descaro, diseminados por las calles de zonas residenciales y comerciales, por los puntos de alto turismo y en las inmediaciones del centro de mando operativo de la policía local. Lo que hacía falta, dice Julián Leyzaola, era limitarles esa capacidad de movimiento. “Se les redujo a espacios pequeños donde pudiéramos focalizarlos para destruirlos a detalle”. Al mismo tiempo buscó cerrar fuentes de financiamiento y neutralizó la ayuda de policías corruptos.
“El narco tiene una capacidad logística tremenda. Los recursos que se allegan son recursos ilimitados. Se hacen llegar de armamento, se hacen llegar de vehículos, de aditamentos especiales para poder combatir. Tenían stand de tiro donde practicaban. Tenían todo. ¿Qué hicimos? Aseguramiento de armas, aseguramiento de droga, aseguramiento de dinero, aseguramiento de casas que todo mundo sabía que eran casas de seguridad”.
Leyzaola esboza una sonrisa complaciente cuando habla de ello. Aborda detalles. Describe fascinado la forma en que colocaron filtros y retenes para interceptar drogas, armas y dinero; el patrullaje coordinado que les ha permitido capturar a secuestradores y polleros. Está satisfecho. Lo hace notar como producto de la voluntad que no hubo antes en Tijuana. Y los resultados parecen obvios.
“De tener, digamos 200 gentes que se movían en Tijuana, (los grupos) empezaron a tener problemas de liquidez para pagarle a su gente y empezaron a perder adeptos, a quedarse con menos gente. Además estaban todas las detenciones que nosotros teníamos con la estrategia operativa. Llegó el momento, el año pasado, que había gente que andaba queriendo matar policías y cuando los interrogamos nos decían que les pagaban 100 dólares. Incluso se llegaron a cobrar ¡200 pesos! Así, a ese grado llegaron”.
El secretario Leyzaola está lejos del prototipo que suele atribuirse a los militares. Tiene un semblante más bien amable y la posición del cuerpo al otro lado del escritorio tiende al relajamiento. Lleva corte de pelo natural, con tijera, nada de máquina. Visto a conciencia, sin embargo, posee una mirada fría y dura, y por mucho que cuida el lenguaje aflora el menosprecio por todo lo que para él está fuera del orden. En ocasiones recurre a eufemismos para suavizar lo que expresa. En otras, busca ser rotundo.
A los narcos y sus matones los llama mugrosos y cobardes. “Aquí no les llamamos sicarios, aquí les llamamos asesinos. El término sicario dejó de utilizarse en Tijuana hace dos años. Es demasiado para ellos. No se lo merecen porque son asesinos cobardes, porque matan gente a la que ni siquiera enfrentan; van y matan a alguien desarmado, no tienen la hombría de enfrentarse de tú a tú con alguien. Cuando van a ejecutar –que yo más bien le llamo asesinato vil—, llegan siete camionetas, se bajan y con cuernos de chivo van y asesinan a una persona. Eso es cobardía”.
Leyzaola en uniforme casi negro, de manga corta con la placa dorada sobre el corazón, escudos institucionales a los brazos, las cinco estrellas que revelan su rango en las hombreras. Detrás suyo una pequeña escultura de San Miguel Arcángel en su clásica pose de alas desplegadas y la espada en lo alto, a punto de estocar al demonio. Los trofeos a su desempeño como jefe de policía rodean algunos libros dispuestos sobre el mueble a sus espaldas. En el trinchero frente a su derecha tiene un busto de Morelos y otra pequeña escultura, de Moctezuma, en acero resplandeciente. La síntesis de su credo.
En octubre de 2009, algunos ciudadanos se escandalizaron con la imagen que vieron del secretario de seguridad tras una balacera con presuntos gatilleros del narco. Leyzaola se encaminó hacia el vehículo en el que yacía el cadáver y frente a todos le descargó puñetazos al rostro. No hay piedad en su lucha. “Yo no los ando persiguiendo, esa no es mi función. Pero si me los topo, el que se entrega pues ya se entregó y va para adentro, pero el que se quiere enfrentar, pues se enfrenta. Esa es la estrategia operativa”.
No sólo la ciudad era sometida por criminales violentos y descarados, como dice el teniente coronel. Hace dos años, la corrupción de policías era igualmente insoportable. En enero de 2007 el ejército desarmó a la corporación. Querían descartar que pistolas y rifles se hubieran utilizado en hechos delictivos. El episodio fue bastante conocido dentro y fuera del país porque algunos agentes compraron resorteras para defenderse. Pero el orden de las cosas siguió su curso, sin cambios radicales, hasta la llegada de Leyzaola a la titularidad.
La corrupción, a decir del secretario, era profunda.
“Déjeme le digo hasta dónde llegamos: hubo una confrontación en 2008. Se pelearon El Teo y El Ingeniero, los dos capos. Hubo muertos. Y resulta que aquí en la policía también se pelearon, porque –y esto lo dice sonriendo— unos trabajaban para éste y otros para aquél. Se notaban las rencillas que traían entre ellos. ¡Cómo es posible que dentro de la policía se note! Pero sí: no se hablaban los policías porque eran de diferentes bandos. Y eran muy fanfarrones. Aquí en la policía, pertenecer a un grupo delictivo era como un símbolo de estatus, de prestigio entre ellos”.
Leyzaola cuenta el remedio, esmerándose en aparentar que fue simple. Los sometió a pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos y rehízo perfiles psicológicos. Luego despidió a 600 y de ellos consignó a 160, para que no engrosaran las filas del crimen organizado, dice. “La corrupción es ahora muchísimo menor al pasado”.
La depuración dio nueva cara a la policía. Al menos es el énfasis que hace el gobierno local mediante amplias campañas mediáticas. “Espíritu de cuerpo”, lo llama Leyzaola. Y con ello se logró algo que parecía igual o más difícil que reducir la actividad de los grupos de narcotraficantes: que la ciudadanía –o buena parte de ella— confiara nuevamente en la corporación.
“Hoy la actitud del policía es una actitud digna. Se tiene una policía renovada y más confiable. Desde luego los problemas no se han terminado ni la limpia se ha hecho al cien por ciento, pero consideramos que el rumbo que se lleva es el adecuado”, dice Mario Escobedo, el presidente de la Canaco. Para respaldar lo dicho, refiere el decomiso de 13 toneladas de mariguana, del martes 26 de octubre. “¿Cuándo se había visto que tres policías se enfrentaran a un convoy y los detuvieran con esa cantidad de droga? Francamente, no sé cuántas policías del país harían algo similar”.
El acotamiento de las operaciones del crimen organizado y esa nueva cara que muestra la policía fueron elogiados por el presidente Felipe Calderón, que llamó a ver en Tijuana el modelo a seguir por otras ciudades agobiadas por la violencia del narco. Pero al flamante traje nuevo se le revientan las costuras. De los policías consignados por Leyzaola, la mayoría han sido puestos en libertad por los Juzgados de Distrito ante la falta de pruebas y porque las confesiones se lograron mediante tortura.
La gran mancha es esa: la arbitrariedad, el quebranto de los derechos ciudadanos y la impunidad contra quienes lo hacen. Y en este caso, los organismos derechohumanistas señalan concretamente al héroe de la ciudad.
Leyzaola llegó a la Secretaría de Seguridad Pública después de un largo recorrido por otras instancias de la policía regional. Originario de Sinaloa, el teniente coronel se sumó a la función pública de Baja California en 2001. Desde entonces dirigió la Academia Estatal de Policía, el centro penitenciario El Hongo, la Dirección General de Centros del Estado, el Instituto Estatal de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva. Se jacta de que eso le sirvió para tener “un diagnóstico” completo no sólo de las policías y prisiones, sino de los criminales.
Pero lo que hacía perfectamente viable su promoción hacia la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana era la capacidad de coordinarse con la nueva comandancia de la Segunda Zona Militar, a cargo del general Alfonso Duarte Mújica. Ello garantizaba la coordinación con el gobierno federal, según declaraciones hechas por Francisco Blake Mora, entonces secretario estatal de gobierno.
En los hechos, el nombramiento de Julián Leyzaola inauguró las operaciones de una policía bajo mando único, cuya cabeza principal es el general Duarte, dice Raúl Ramírez Bermea, ex procurador de Derechos Humanos del estado y actual presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Esa coordinación, añade, es la que ha fomentado la figura del arraigo con propósitos de tortura. Y para lograrlo, Leyzaola sustituyó todas las jefaturas con militares e inició un plan para sectorizar cuadro por cuadro la ciudad.
En la maniobra inicial, 25 policías municipales fueron cesados de inmediato. Se les decretó un arraigo dentro de uno de los campos militares pertenecientes al 28 Regimiento de Caballería, y allí fueron torturados durante días por militares y otros agentes subordinados a Leyzaola, según consta en demandas judiciales. La víctima más notable de todas es Miguel Ángel Mesina, ex jefe de zona, cuya hija se convirtió en líder de las familias que denunciaron los abusos. A la vuelta de un año los 25 fueron exonerados. En cada uno de ellos se demostró la tortura, pero hasta hoy no hay investigaciones judiciales en curso, comenta Ramírez Bermea.
En cambio, Blanca Mesina y la abogada y activista Silvia Vázquez, debieron asilarse en Washington, a mediados de año, tras recibir amenazas de muerte. En mayo, un hombre vestido de negro y con pasamontañas bajó de una camioneta e interceptó a Mesina. “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana; hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”, le dijo antes de besarla en la mejilla y emprender la retirada.
Las acciones orquestadas por Leyzaola han tenido repercusiones graves al interior de la policía. La mayor de ellas sucedió en 2009, cuando 47 agentes murieron tiroteados. De acuerdo con la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, emitida en agosto pasado, Leyzaola ordenó en respuesta una cacería. Sus elementos operaron al margen de la ley, algunos vestidos de civil, en autos sin matrícula, irrumpiendo sin orden judicial a domicilios de sospechosos y posteriormente entregándolos a militares para que fueran torturados hasta declararse culpables.
Uno de los acusados de matar policías declaró no sólo haber visto a Leyzaola durante su arraigo, sino que lo señaló como uno de sus torturadores. El teniente coronel se colocó guantes negros y luego lo cacheteó y ordenó que lo ataran de pies y manos y luego intentó asfixiarlo con una bolsa de plástico al tiempo que le soltaban descargas eléctricas en las piernas. Así transcurrieron cinco horas, más o menos, dijo el sospechoso en su denuncia.
La víctima fue sustraída de su domicilio la mañana del 22 de agosto de 2009. Desde el amanecer de ese día, agentes municipales habían colocado un retén a las afueras de una maquiladora del oriente de la ciudad. Allí, sin más elementos, detuvieron a un hombre que acompañó a su hermana hasta su centro de trabajo y fue él quien los guío hasta la colonia donde fueron aprehendidos un par de vecinos suyos, uno de los cuales era dueño de una Nissan Titan cuyas características coincidían con la utilizada en uno de los ataques contra policías. En total fueron detenidos seis sospechosos. A todos se les arraigó por semanas y se les torturó, dice el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ninguno resultó culpable.
El torrente de señalamientos contra la policía de Tijuana y los militares involucra a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del gobierno de Canadá, la Unión Europea y la ONU. Los casos han sido atendidos igualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, nada ha cambiado sobre la condición de estrella que confiere la ciudad al teniente coronel. Y él no se inmuta.
“Por lo menos en Tijuana la gente está a gusto, porque ya les devolvimos la tranquilidad”, dice relajado Leyzaola. “Desde luego hay críticas, pero críticas de la gente que ha caído en la cárcel. Yo sé que los criminales tienen una capacidad económica tremenda. Contratan buros de abogados para defender ¡a un albañil! Dice uno: cómo es posible que un albañil tenga cinco abogados y me mandan a derechos humanos y me demanda por acá. Dicen que yo hice esto. Pruébemelo amigo, pruébelo”, insiste.
Los métodos que ha empleado desde que llegó al cargo máximo de policía pueden resultar no sólo arbitrarios, sino ilegales. En Tijuana, dice Leyzaola, no sólo había que acotar a los criminales hasta destruirlos, sino derrocar la cultura del narco. Como ejemplo cita juegos infantiles en escuelas primarias y secundarias, donde los alumnos simulaban enfrentamientos entre policías y narcos. Los héroes eran sujetos como El Teo, El Ingeniero o El Muletas, y los niños peleaban para ver cuál de ellos actuaba en el bando de los malos.
“Para bajar esa preponderancia que tenían los capos –los-grandes-capos, subraya burlón—, en las declaraciones públicas empecé a hablar de ellos y en lugar de referirnos como El Teo, yo le llamaba El gordo asqueroso, panzón, ridículo, mantecoso, mugroso. Lo hice para bajarlos de ese misticismo en el que la gente los tenía. Para bajarlos como humanos y más abajo”. Funcionó, dice. Ahora nadie quiere ser “El gordo asqueroso”.
Leyzaola atacó otro de los grandes arraigos regionales, el narcocorrido. Para ello golpeó al más emblemático de los grupos locales, Los Tucanes de Tijuana. Les prohibió tocar y amenazó con arrestarlos si acaso los veía por la ciudad. Se trataba de acabar con el “Narcodream”, justifica.
“Los padrinos de Los Tucanes de Tijuana son los Arellano. Ellos los hicieron y, claro, las ejecuciones públicas, en todos sus shows, pues siempre los apoyan y cantan el corrido de El Muletas, el corrido de El Teo, y saludos para mi compadre… Todo eso es fomento de una cultura, de una narcocultura, una subcultura la llamo yo. ¿Qué hicimos? A los Tucanes directamente se les dijo: ustedes no pueden tocar aquí, váyanse. Personalmente se los dije. Me anduvieron buscando. Mejor vete –le dije a Mario Quintero (líder de la banda). Quería hablar conmigo. Ni te pares aquí porque si te paras te voy a detener. Tú eres delincuente. Tú eres narco y ¡lárgate! Si te veo en Tijuana te voy a detener”.
Lo mismo hizo con El Halcón de la Sierra, otro cantante de narcocorridos, que fue asesinado en octubre, en Chihuahua. Al propietario de Las Pulgas, un complejo donde suelen contratarse todos ellos, le hizo firmar un contrato que él mismo redactó y en el que se prohíbe explícitamente que si alguien toca un corrido de narcos o manda saludos o insinúa que son héroes, suspende el pago, cancela el negocio, los arresta y los expulsa de la ciudad.
¿Tiene facultades para proceder así? “Pues por lo menos los voy a detener y los voy a mandar a la estancia municipal, por infractores. Por lo menos”, responde.
Sus actos tienen respaldo institucional, empresarial y ciudadano. Sobre los casos de tortura, el presidente de la Canaco, Mario Escobedo, dice que tienen trasfondo político, de cara al revelo de alcaldías y Congreso. A Tijuana llega un alcalde del PRI a sustituir a Jorge Ramos, del PAN. Los buenos resultados que ha dado Leyzaola en materia de seguridad, es algo que no piensan regalarle como reconocimiento a un gobierno de partido opuesto, según Escobedo. De ahí que “sea sospechoso que se hayan revelado estas resoluciones del procurador de Derechos Humanos, que además es priísta”.
Leyzaola termina su encargo el 30 de noviembre. Es posible que no repita. Pero el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, también del PAN, ya anunció su intención de llevárselo a su gabinete, y eso preocupa a los defensores de los derechos humanos.
“Nosotros reconocemos que Leyzaola se la ha rifado contra el narco. El problema no es ése. El problema es que existen infinidad de denuncias sobre la forma en que ha resuelto la seguridad, empleando métodos ilegales como el arraigo y la tortura. Sin embargo, la publicidad a su favor ha sido masiva, muy bien manejada, al punto de influir en la sociedad. Leyzaola no ha reducido la capacidad de los narcos. En ello hay muchas mentiras oficiales. En cambio ha violentado los derechos humanos y eso a nadie parece importarle, lo cual es gravísimo”, dice Raúl Ramírez Bermea.
Los crímenes de alto impacto hicieron pasar un mal mes al teniente coronel. Cuerpos decapitados amanecieron colgando de puentes y para terminar octubre se dio la primera masacre en un centro de rehabilitación para adictos en el municipio. “Eso ya no vuelve a sucedernos”, dice Leyzaola, sereno y confiado. “Hemos tomado acciones de inmediato”.
El fusilamiento de las 13 personas en ese centro fue atribuido por las mismas autoridades al decomiso de 130 toneladas de mariguana, los días previos. Leyzaola no teoriza, pero presume a cambio el siguiente duro golpe contra los grupos locales del narco, con el decomiso hecho por sus agentes el martes 26, el de las 13 toneladas.
En donde se atreve a emitir “su análisis”, es en las causas por las que otras ciudades, como Juárez o Reynosa, fallan estrepitosamente en su lucha contra el crimen. La razón concluyente es que operan policías federales y militares desarraigados y mal pagados, a quienes no importa arriesgar la vida por una ciudad que ni conocen ni les resulta amigable, sino hostil. La base de toda acción exitosa es la policía municipal, sostiene.
“Estos cuerpos de seguridad (se refiere a federales y militares) están diseñados para otras acciones, no para patrullar una ciudad. Ellos hacen reconocimientos en fuerza. Ellos actúan con la masa. Con el montón. En un convoy de federales van las camionetas y van 10 federales arriba de la camioneta. En un vehículo militar van 10 soldados arriba de ese vehículo. Ya me imagino en una persecución por la ciudad a 200 kilómetros por hora. Nunca los van a alcanzar. Se van a matar”.
En Tijuana creen que su despedida como secretario de seguridad pública terminará con estos dos años de relativa paz. Leyzaola piensa lo mismo. No por él, aclara, sino porque el sistema político mexicano suele subordinar la conducción de la seguridad pública a los intereses de la política, o mejor dicho, de los partidos políticos.
“Tijuana es una niña de tres años. Nunca pasa de tres años. Va creciendo, al año comienza a caminar y cuando comienza a caminar bien, a hablar, se le corta y vuelve a nacer. Nadie ha tenido la conciencia suficiente, la institucionalidad suficiente para darle continuidad a los programas, para darle continuidad al desarrollo. Todos quieren ser los santos patronos de la ciudad. Todos quieren serlo. Y nadie lo logra, porque no tienen idea de lo que es una institución. Se personaliza”, dice el teniente coronel.
No son pocos los que le dan la razón.
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