Luego del ataque consecutivo a dos bares en los que un total de 15 personas fueron asesinadas, propietarios de ese tipo de establecimientos en la ciudad aseguran que sufren la peor de las crisis al vivir en una encrucijada entre criminales y policías.
Explican que esto se debe a que desde hace dos años no sólo lidian con el crimen organizado que les exige el pago puntual de la “cuota” por derecho de piso y supuesta protección, sino también con el acoso sistemático de los policías, principalmente de los federales, que constantemente irrumpen en sus negocios para realizar revisiones irregulares al personal y a los clientes, a quienes amenazan y han llegado a “levantar”.
“No sabemos ni qué hacer, ni de quién cuidarnos o a dónde hacernos, porque por un lado los sicarios y los que nos cobran las cuotas vienen con la cara descubierta, pero los policías federales entran con la cara cubierta y llegan a hacer un desastre”, expone bajo la condición de anonimato el propietario de un negocio de este tipo.
El empresario, con más de dos décadas en el ramo, afirma que la situación es todavía peor cuando ocurren hechos delictivos en el interior o exterior de los establecimientos, pues los policías arrasan con los negocios y las pertenencias de las víctimas.
Mientras que de los operativos, menciona, irrumpen en los locales porque los acusan de tener vínculos con el grupo “La Línea”, por lo que utilizan los rifles de alto poder para someterlos, amenazarlos y hasta golpearlos, además de tirarlos al suelo y en ocasiones hasta semidesnudarlos o hacer tocamientos a las mujeres.
“Son unas vejaciones tremendas tanto para nosotros y los empleados, como para los clientes. Son unas lacras de cuidado, se llevan todo lo que pueden, las botellas, el dinero, lo que se encuentren, no se diga cuando hay víctimas, las bolsean para quitarles todo lo que traigan, actúan con una voracidad tremenda”, agrega.
Comenta que aunque algunas de estas intervenciones han sido grabadas en video por los sistemas de seguridad con los que cuentan, prefieren no hacer ni decir nada por temor y desconfianza a todas las autoridades.
“Lo mejor que podemos hacer, por el bien de nuestros negocios y nuestras personas, es verlo, callarnos y tratar de pedirles a los policías que no se pasen de canijos, porque en mí casi no confío en ninguna autoridad, ni en ninguna Policía y tampoco en los militares, porque nadie le da seguimiento a estas irregularidades, nadie te resuelve nada porque unos jalan, gritan y cuidan a un grupo, y otros al otro”, refiere.
Esta problemática es confirmada por otros comerciantes del mismo giro, quienes luego de enfrentar al crimen organizado y a las autoridades policiacas confirman que en nadie pueden confiar.
“Ahorita lo más triste es que no hay ni una sola autoridad en la que podamos confiar ni como comerciantes ni como ciudadanos, en ninguna Policía podemos confiar y en ningún nivel de Gobierno, es más, ni en los regidores, ni en los diputados, nadie nos resuelve los problemas porque cada quien trabaja para sus propios fines”, dice.
Pero agrega que tampoco confían en los grupos del crimen organizado que los extorsionan porque no respetan tratos, ni códigos y nunca les dan la seguridad que supuestamente les ofrecen.
“Hemos sabido de bares que están al corriente con el pago de su cuota y operan legalmente y de todos modos los atacan y los queman o matan a los propietarios porque les vale gorro, lo único que quieren es transar, ahorita ya nadie te garantiza nada y menos los malandros que no tienen cara, ni palabra”, refiere.
Sin embargo, descartan dejar de pagar los tributos porque sería su pena de muerte.
“Yo pago la cuota para que no me maten, el día que ya no pueda pagarla mejor cierro y me voy de la ciudad como tantos lo han hecho, porque ahorita pago más puntual la extorsión que los impuestos”, narra el propietario de otro negocio.
Explica que tan sólo su familia hasta hace dos años contaba con 150 negocios de diferentes giros en la ciudad “restaurantes, bares, salones de baile, farmacias y tiendas de abarrotes”, de los cuales a la fecha sólo queda uno, el de él, porque los demás prefirieron migrar a la Ciudad de México o a Estados Unidos por la inseguridad.
Agrega que, de acuerdo con su experiencia, hay policías federales que le han propuesto “participar” con ellos “poniendo” a los clientes que presuman son criminales, se encuentren armados o con drogas, para ellos “levantarlos” y después repartirles ganancias.
“Los federales me dijeron una vez que a los que nosotros viéramos sospechosos o vagos se los pusiéramos y nos pagaban por colaborar, también me dijeron lo mismo con los extorsionadores, me ofrecieron protección, pero claro que no les creo nada, si nosotros vemos cómo trabajan”, comenta.
De acuerdo con testigos del ataque armado registrado el jueves en el bar “El Castillo”, 10 minutos antes de que el grupo de pistoleros irrumpiera en el lugar a disparar contra empleados y clientes, un grupo de la Policía Federal advirtió al dueño que cerrara el negocio “porque le iban a hacer un desmadre”.
Pasado el tiempo y una vez consumado el ataque que dejó un saldo de 10 personas asesinadas, los testigos aseguran que los federales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, por lo que aprovecharon para saquear las pertenencias a las víctimas e incluso artículos del negocio, como las pantallas planas de televisión.
