Por Guadalupe Lizárraga
Foto: prensadesonora.com
LOS ÁNGELES.- Una amenaza de muerte circula entre las madres de Ciudad Juárez, desde marzo de 2011. La fecha en que empezaría a cumplirse sería a partir de finales de noviembre de este mismo año, pero quienes recibieron la advertencia entonces, no creían que pudieran atreverse a cumplirla. El rumor ha salido a la luz pública, para Los Ángeles Press, a raíz del atentado de Norma Andrade, madre de víctima de feminicidio, y por la reciente investigación publicada por nuestro medio sobre los cuerpos retenidos en la morgue local.
La Fiscalía del Estado de Chihuahua se vio obligada a entregar los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida y asesinada en 2008, a su madre Ernestina Enríquez, quien se enteró por las redes sociales al leer el post de nuestro trabajo, y pudo reclamar los restos de su hija. Las autoridades tenían retenido el cadáver en la morgue, según una funcionaria de la fiscalía, desde el 5 de noviembre de 2009, sin dar más explicaciones a Ernestina.
La amenaza que ha circulado entre las madres de las víctimas, y que hasta ahora habían guardado silencio por incredulidad, decía que se irían contra cada una de ellas porque han estado “filtrando información” y exigiendo a las autoridades que realicen las investigaciones sobre los crímenes contra sus hijas. En los casos de desapariciones y asesinatos, en los que podrían estar vinculados directamente funcionarios y policías locales y federales, dice una fuente confidencial a Los Ángeles Press, “hay testigos de personajes públicos que se disfrazan, tienen doble vida y aparentan ser muy humildes. Andan por el centro de la ciudad, precisamente donde han desaparecido algunas jóvenes”.
Las madres han sido víctimas también de extorsiones. Uno de los casos fue el de Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010 a la edad de 19 años. A Norma le llamaron por teléfono a principios de este año y dijeron que “el que se robaba a las mujeres por el centro de la ciudad pedía 15 mil pesos por soltar a su hija”. La madre tomó con seriedad conseguir el rescate, pese a su precaria situación económica, porque le dieron un dato clave de Idalí: “estaba enferma”. Su hija había sido intervenida quirúrgicamente poco antes del secuestro y se encontraba delicada de salud. El extorsionador le había dicho que su hija “estaba enferma, muy enferma” y que si no daban el dinero la iban a matar. Pedían el dinero dentro de una bolsa de papel y que lo dejara en el bote de basura de la catedral, pero que no hablaran a la policía porque ahí terminaría la vida de Idalí. La policía municipal intervino en la operación, sin saber claramente cómo fue el contacto, detuvieron a tres individuos por extorsión y uno de ellos quedó en libertad. A la madre se le regresó el dinero que le habían ayudado a conseguir para pagar el rescate, pero su hija aún está desaparecida.
El atentado contra la activista Norma Andrade, el pasado 2 de diciembre, “tiene que ver con estas amenazas de muerte. Ya empezaron a cumplirlas”, afirma la voz confidente. Los medios y las autoridades, “se aburren de escuchar a las madres. Está tan trillada la información, como si se tratara de una moda y no de vidas humanas”, explica. “Las autoridades periciales como la Unidad de desaparecidas actúan con dolo al omitir información tan relevante para las madres de Juárez, más aún cuando ya han aceptado que tienen más cuerpos en la morgue sin identificar”.
La información a la que se refiere esta voz es la retención de quince cuerpos de mujeres en la morgue de Ciudad Juárez, que dimos a conocer el pasado 30 de noviembre de 2011, y que aún no han sido identificados y notificados a sus familiares. La existencia de estos quince cadáveres ha sido confirmada ante testigos por la funcionaria Dilcia García, de la Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, aunque la institución no ha respondido sobre la siguiente acción para hacer que las autoridades entreguen los restos de sus hijas a sus madres.
Las amenazas cumplidas
Cuando han denunciado, son agredidas mortalmente, como en el caso de Susana Chávez, autora de la frase Ni una más, con la que se fortaleció la campaña contra los feminicidios en la localidad y se tomó como bandera de los grupos de derechos humanos nacionales. Fue asesinada en febrero de 2011, y ya había recibido amenazas de muerte por su activismo. Otra de las amenazas cumplidas fue la de Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero de 2010. Josefina denunciaba constantemente los abusos de militares y los responsabilizaba de la desaparición de uno de sus hijos, según las declaraciones en entrevista exclusiva de su hermana Marisela Reyes. Después de este asesinato, siguieron cuatro crímenes más contra la familia que seguía denunciando, y aún se encuentra desaparecida una de sus familiares, Isabel Hernández Lara.
El caso más dramático, porque revela la complicidad de las autoridades en sus altas jerarquías, es el de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010. Marisela no descansó hasta llevar a los tribunales al asesino de su hija. Una hazaña insólita. Sin embargo, en juicio oral, el asesino de su hija confesó ante cámaras su responsabilidad, y los tres jueces responsables del caso, lo absuelven del crimen. Escobedo, destrozada e impotente ante esta complicidad judicial, decide plantarse ante las oficinas de gobierno municipal para exigir justicia. Y fue asesinada a balazos, crimen grabado por las cámaras de seguridad.
Hasta ahora, las mismas autoridades locales han amenazado a las madres y a las activistas de que “si andan de borloteras, no buscarán a sus hijas”. Han pretendido también comprar su silencio ofreciéndoles despensas y dinero. Pero las madres, han preferido algunas callarse, otras salir de la ciudad para no regresar, otras más tienen un poco de esperanza en que alguien les ayude, y las más audaces, seguirán denunciando.
Aclaraciones éticas a los medios mexicanos
El diario mexicano La Jornada ha reproducido información, a raíz de nuestra investigación publicada sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez, sin dar el nombre de nuestro medio. Lo mismo ha sucedido con otros medios nacionales y digitales que tibiamente han abordado el tema y que han omitido el crédito de nuestro medio.
El Diario de Juárez, por su parte, omitió por completo el origen de la información e hizo referencia a la entrega tardía de la fiscalía del cuerpo de la víctima sugiriendo que es la autoridad la que tomó la iniciativa de entregar los restos de Adriana Sarmiento a su madre, cuando fue la misma autoridad la que negó tener el cadáver.
Mientras la información circulaban por las redes sociales en Estados Unidos y en España sobre los cadáveres que retiene la morgue en esta ciudad y sobre el caso de Adriana Sarmiento, se daba a conocer a su madre directamente por el reportero Javier Juárez que había leído el post de nuestro trabajo en Facebook y quien mantiene contacto telefónico con Ernestina Enríquez, madre de la víctima.
