
La entidad vive una “emergencia humanitaria”, advirtió el obispo Raúl Vera.
Miroslava Breach Velducea, corresponsal
Publicado: 16/01/2011 20:30
Chihuahua, Chih. Chihuahua vive “una emergencia humanitaria” que requiere de un programa especial para hacer frente a la violencia, que dejó 5 mil 212 muertos en el 2010, de los cuales 442 son mujeres, señaló el arzobispo de Saltillo, Raúl Vera, al oficiar una misa en la puerta principal de palacio de gobierno en memoria de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien hace un mes cayó muerta en ese lugar, tras ser baleada cuando exigía justicia por el homicidio de su hija, Rubi Frayde.
Previo a la homilía, el prelado encabezó una marcha silenciosa desde la catedral hasta la sede del poder ejecutivo estatal, en la que participaron unas cincuenta personas.
Durante la ceremonia religiosa de la palabra en la banqueta del Palacio de Gobierno, el obispo de Coahuila llamó a poner un alto a la masacre, “a una guerra que le fue impuesta a Chihuahua”.
De espaldas a las puertas del Palacio de Gobierno, las cuales permanecieron abiertas durante toda la ceremonia religiosa, y flanquead por los sacerdotes chihuahuenses Javier Ávila y Camilo Daniel, el obispo de Saltillo firmó un pronunciamiento suscrito por organizaciones ciudadanas del estado, que señala que esta entidad vive una emergencia humanitaria y exigen un alto a las masacres.
En el documento firmado por el sacerdote, señalan que en 2010 hubo 5 mil 212 homicidios en el estado de Chihuahua, equivalente a la tercera parte de los que hubo en todo el país; de esa cifra, 442 fueron en perjuicio de mujeres.
El prelado exigió que cese “la acción de grupos militares que actúan con la complacencia del poder” y pidió también poner alto al fuero militar.
Censuró que, ante la protesta social, la respuesta haya sido “la criminalización, la represión, el hostigamiento, amenazas, las campañas de desprestigio argumentando que lucran con el dolor humano”.
En la ceremonia religiosa participaron centenas de personas, la mayoría activistas sociales, familiares de víctimas de la violencia, madres de mujeres asesinadas y/o desparecidas y enviados de dependencias de Gobierno.
Posteriormente, el padre Javier Ávila acompañó a los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en Creel el 16 de agosto del 2008, a colocar placas con los nombres de los asesinados y, como acto final, el padre Vera colocó el nombre de la activista Susana Chávez en uno de los clavos de la cruz ubicada en la Plaza Hidalgo, en memoria de las víctimas del feminicido.