En su paso por esta ciudad como responsables de la seguridad pública y la guerra antinarco impulsada por el presidente Felipe Calderón, los militares no sólo permitieron que los cárteles de Sinaloa y de Juárez se enfrentaran entre sí por el control de la plaza, sino que también tenían sus preferencias porque supuestamente “les hubiera gustado ver ganar al cártel de Sinaloa” encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Así fue expuesto en un cable generado por el Consulado en Ciudad Juárez el 23 de enero de 2009 y que ayer fue liberado por la organización WikiLeaks bajo el número de referencia 09CIUDADJUAREZ22.
El documento fue elaborado por el que en esa fecha era el cónsul de Estados Unidos aquí, Raymond McGrath, quien lo envió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, así como a la Embajada en México y a todos los consulados americanos en territorio mexicano.
“La opinión generalizada es que el Ejército se siente a gusto permitiendo a los cárteles de Sinaloa y Juárez minar cada uno la fuerza del otro en su lucha por controlar la ‘plaza’ (con la consecuente teoría de que al Ejército le gustaría ver ganar al cártel de Sinaloa)”, advirtió McGrath en el cable.
Esta percepción de cierta parcialidad de las fuerzas federales hacia el Cártel de Sinaloa ya había sido expuesta públicamente y hasta cuestionada por medios locales a cuerpos de seguridad en Juárez.
De acuerdo con una nota publicada por El Diario en mayo del año pasado, a nivel local existe una percepción pública de que el Gobierno federal protege al Cártel de Sinaloa porque la mayoría de los detenidos hasta esa fecha presentados por la PF eran integrantes de “La Línea”, perteneciente al Cártel de Juárez.
Ante esos cuestionamientos realizados en una conferencia de prensa, el comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, dijo que aunque “en números gruesos, pudiera tener esa configuración, esa relación (una mayoría de detenidos de La Línea)”, tal percepción es inexacta porque apoyar a un grupo o a otro “no es la intención del Gobierno Federal, ni de ninguna institución de las que hoy estamos trabajando aquí en Juárez.
“Es de manera reiterada que se habla, se dice, se piensa, se percibe. No, para esto se requieren elementos objetivos; no podemos partir de datos aislados, de premisas falsas para este tipo de acusaciones.
“Sí ha habido detenciones de La Línea, porque es lo que estamos trabajando a nivel de calle, de piso; ha habido también detenciones de los antagonistas de estos grupos, hemos tenido también avances de que han sido detenidos integrantes de sus contrarios, de los Artistas Asesinos, también ha habido avances”, agregó el funcionario.
Entonces, el jefe policiaco atribuyó que este tipo de comentarios son, presuntamente, el motivo de la emboscada que sufrieron los agentes federales el viernes 23 de abril, hechos en los que murieron seis elementos y por el que después en una pinta realizada en uno de los muros de la casa del artista Juan Gabriel advirtió que la agresión fue por el apoyo de los agentes caídos a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Casi un año después de estas declaraciones, la tendencia en las detenciones de presuntos integrantes de grupos vinculados con el crimen organizado se mantuvo.
En la rendición de cuentas que Facundo Rosas hizo en el marco de la evaluación del programa “Todos Somos Juárez”, a un año de su implementación, el funcionario destacó que desde que la Policía Federal asumió el mando en la ciudad, en abril del año pasado, como resultado del combate a grupos en Ciudad Juárez se tenía la detención de 209 personas vinculadas al Cártel de Juárez, La Línea y Los Aztecas; mientras que del Cártel de Sinaloa, Gente Nueva, Artistas Asesinos y Mexicles, 64.
Sin embargo, el cable expuesto ayer por WikiLeaks deplora el trabajo realizado por las fuerzas federales en Juárez al señalar también que “el Ejército y la Policía Federal rara vez se enfrentaron con los cárteles y pandillas callejeras”.
El cable diplomático sin clasificar y restringido sólo para “uso oficial”, según se pudo ver, fue elaborado apenas dos días después de la designación de Hillary Clinton como secretaria de Estado –quien asumió el cargo el 21 de enero de 2009–, para plantear un panorama general de la incidencia delictiva en Ciudad Juárez y los factores que contribuían a ésta.
Además de informar la cantidad de delitos ocurridos en esta frontera, como los homicidios, asesinatos de policías, robo de autos, secuestros y extorsión, también se expone que los intentos realizados por las autoridades mexicanas para detener la ola de violencia han “resultado inútiles” o han tenido “poco impacto”.
El documento explica, por ejemplo, “que por esta razón muchas personas que ejercen poder político y económico en la ciudad, incluyendo el alcalde José Reyes Ferriz, se han cambiado a El Paso”.
Exigen juarenses una explicación
Tras conocer los señalamientos difundidos en el cable diplomático sobre la actuación y preferencias de los militares en la lucha contra el narco en la ciudad, representantes de sectores sociales señalaron que tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de México están obligados a rendir cuentas.
“Sería importante que el Gobierno emita su posicionamiento oficial ante esto, porque de lo contrario dejaría entrever una posición parcial en esta guerra que ha costado mucha sangre para los juarenses”, dijo Armando González Baylón, miembro del Comité Juarense por la Democracia (CJD).
Añadió que resulta importante conocer las razones que tuvo el cónsul estadounidense para afirmar lo anterior y en todo caso exigir al Gobierno norteamericano que aclarare el posicionamiento de su funcionario.
Laurencio Barraza, presidente de la Organización Popular Independiente (OPI), manifestó que es preocupante que un diplomático establezca ante su país este tipo de hipótesis porque es información de “primera fuente” que utiliza Estados Unidos para tomar decisiones y endurecer la vigilancia en las fronteras.
“Esto sólo denota falta de oficio político sistemático y de capacidad de análisis”, consideró.
Agregó que es muy alarmante porque la información que generó el ex cónsul “tiene mucho sentido común pero carece de fundamentos más precisos y objetivos y sólo es parte de los rumores, porque no hay una cuestión investigativa”.
Sin embargo, consideró que a raíz de que el Ejército tomó las calles de la ciudad se incrementaron los homicidios dolosos y los “picaderos” continuaron operando de la misma manera.
No obstante, Salvador Urbina Quiroz, presidente del Consejo de Vigilancias de la Confederación Nacional de Abogados de México, criticó al Gobierno de Estados Unidos por considerar que, de manera reiterada, han buscado dañar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Si alguna de la instituciones de México ha sido cuando menos la más limpia y respetable es la Sedena, pero hemos visto en estos cables de WikiLeaks de funcionarios estadounidenses, la insistencia en estar golpeteando al Ejército mexicano y la preferencia por la Policía Federal y la Marina”, expuso el abogado.
Agregó que el Gobierno mexicano debe tomar una postura oficial ante esta situación porque está causando una desconfianza todavía mayor hacia la actuación de las autoridades.
Hernán Ortiz Quintana, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), desestimó el documento y dijo que eso sólo le debe incumbir al Gobierno de EU.
“En ese documento se habla sólo de la percepción de un funcionario norteamericano en cuanto a lo que pasa en México, pero difícilmente se puede emitir un juicio sobre el Gobierno mexicano porque esa percepción puede estar equivocada, ni tampoco un juicio de la percepción en sí porque cada quien es libre de pensar lo que sea”, resaltó.
Señaló que la “única pista” que puede arrojar este cable es que juntar dinámicas militares en poblaciones civiles para resolver problemas de esta índole no ha dado resultado.
“Los militares traen una lógica de guerra y para ellos los enemigos somos todos, todos somos sospechosos, por eso la lógica civil y la lógica militar no coinciden”, finalizó.
