■ La investigación por agresiones a marchistas y comunicadores
■ "De oscuros antecedentes" el jefe policiaco Julián Leyzaola
La Fiscalía General del Estado, zona Norte, inició una investigación en torno a los hechos registrados el pasado primero de noviembre en Ciudad Juárez durante la Marcha por la Paz, a fin de indagar y en su caso consignar ante las autoridades judiciales, a quien o quienes resulten responsables de presuntos actos de abuso de autoridad y agresiones contra los participantes y comunicadores que realizaban la cobertura informativa del evento, boletinó la dependencia prejudicial.
Esta dependencia del Ejecutivo -agrega el texto- tuvo conocimiento de la proposición de los Senadores de la República Francisco Javier Castellón Fonseca, René Arce Círigo, José Luis García Zalvidea y Carlos Sotelo García, turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para que la Cámara de Senadores emita un Punto de Acuerdo en el que se destaca que:
“El Senado de la República exhorta al C. Gobernador del Estado de Chihuahua para que a través de la Fiscalía General del Estado, se realice una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, golpes y agresiones en contra de manifestantes y reporteros, garantizando que los resultados 
de la investigación se hagan del conocimiento público y los elementos y mandos responsables de los hechos sean llevados ante la justicia”, transcribe el boletín.
Si bien la propuesta de los Senadores apenas fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, el gobernador César Duarte instruyó al Fiscal del Estado zona Norte inicie de inmediato una investigación en torno a los acontecimientos, añade el comunicado.
La Fiscalía General del Estado zona Norte realizará las indagatorias e informará puntualmente de los resultados a la opinión pública conforme avance la investigación.
Esta dependencia comparte de manera plena el interés de los Senadores que formularon la propuesta en pro del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, de manifestación, de protesta y de información.
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De oscuros antecedentes, Julián Leyzaola Pérez: Senadores.- "(...) vale la pena recordar que el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez ( foto der.), enfrentó denuncias por tortura cometidas en el año 2010 cuando fue funcionario del gobierno del Estado de Baja California, por lo cual la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió, el 27 
de septiembre de 2010, la recomendación 6/10 por tortura", dice en su apartado de Consideraciones la iniciativa propuesta por los los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Jose Luis Máximo Gacía Zalvidea, Carlos Sotelo García y René Arce, del PRD los tres primeros y del PVEM, este último
Las acusaciones -agrega el texto- fueron de cinco hombres detenidos el 22 de agosto del 2009, a quienes trasladaron a la comandancia de la calle ocho en el centro de la ciudad, donde los detuvieron ilegalmente por más de 12 horas, durante las cuales estuvieron incomunicados y fueron torturados. Según lo manifestado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, en el comunicado de prensa correspondiente, "la finalidad de estas acciones violatorias a los derechos humanos era que confesaran su participación en las agresiones con arma de fuego a elementos de la policía municipal el 21 y 22 de agosto en esta ciudad, y se declararan como mata policías".
A renglón seguido, el texto asienta:
"No deben ser indiferentes para los Senadores de la República estos hechos, menos aún teniendo en cuenta los oscuros 
antecedentes del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez. Por tal razón resulta indispensable un pronunciamiento de esta Soberanía, en aras de que se garantice el pleno respeto de los derechos humanos establecidos por nuestra Ley Fundamental y por los instrumentos internacionales de los que México forma parte, tales como la libertad de expresión, de manifestación, de protesta y de información. Cualquier acto de represión como los ocurridos en Ciudad Juárez, deben ser combatidos y erradicados en tanto que lastiman a todo Estado que se precie de ser democrático, además que vulneran el estado de derecho propio de tales democracias".
