Por José Gil Olmos MÉXICO, D.F. (proceso).- El gobierno de Felipe Calderón dispuso que se investigara minuciosamente todo lo relacionado con las figuras principales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), entre ellos Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, cuyas actividades políticas, sociales e incluso las familiares y privadas constan en documentos oficiales que están en manos de Proceso. Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública tienen perfiles detallados de Sicilia, de Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); de Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz); de Clara Jusidman, fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social); de Miguel Concha, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y del estudiante Raúl Romero Gallardo. Todos ellos han tenido un papel destacado en el movimiento surgido hace un año y que demanda un alto a la violencia que ha generado alrededor de 60 mil muertos en el país. Los perfiles de cada uno incluyen fotografías recientes y en ellos se les relaciona con movimientos radicales; incluso se afirma que algunos tienen nexos con agrupaciones guerrilleras como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o que han sido sus intermediarios. Las fichas de los integrantes del MPJD tienen fecha del 27 de septiembre de 2011 y forman parte de un expediente más amplio –elaborado por las dos secretarías– que incluye los borradores confidenciales de las juntas que tuvieron con Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec y la relatoría de las reuniones que hubo entre julio y septiembre en las cuatro mesas de trabajo sobre procuración de justicia, atención a víctimas, revisión de la estrategia de seguridad pública y los mecanismos de participación. También incluyen las 288 propuestas que presentó el MPJD al gobierno, las repuestas oficiales y un informe de la comisión de seguimiento al diálogo de Chapultepec. Pero lo que destaca son los perfiles de los líderes del movimiento, con quienes las autoridades han discutido la necesidad de cambiar la estrategia policiaca-militar de combate al crimen organizado. “POETA SORDO” La ficha de Javier Sicilia –donde se le califica de “persona discreta en su quehacer político”– es extensa: Son 13 hojas en las que se registran documentos y datos personales a los que sólo él o su familia podían tener acceso: acta de nacimiento, número de hijos, escuelas donde estudió, número de pasaporte, religión, dirección particular, registro federal de causantes, CURP, nombre y domicilio de sus padres y hermanos (con datos de sus credenciales de elector), propiedades (casa y autos, con modelos y placas) y sus vínculos con religiosos, escritores, políticos y el EZLN. El gobierno reconoce que Sicilia es un intelectual respetado en todos los círculos culturales, que él mismo se considera “un poeta sordo” al que poco le importa lo que digan de él por su “poesía católica”, además de que es ambientalista pues apoyó el movimiento Guardianes de los Árboles de Cuernavaca y el Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. En el apartado de “vínculos con la prensa” destaca los medios que apoyan y que no apoyan a Genaro García Luna, secretario federal de Seguridad Pública, a quien Sicilia pidió su renuncia el 8 de mayo de 2011 en una concentración en el Zócalo capitalino. Quienes rechazaron esta demanda fueron Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva y Héctor Aguilar Camín, de Milenio Diario; Carlos Ramírez, de El Financiero; Eduardo Huchim y Sergio Sarmiento, de Reforma; Francisco Garfias, Ricardo Alemán, Martín Moreno y José Cárdenas, de Excélsior; Raymundo Riva Palacio, del programa radiofónico Atando Cabos; Rafael Cardona, de José Cárdenas Informa; Gabriel Guerra, de Noticieros Televisa y Jorge Fernández Menéndez. Los que apoyaron a Sicilia en la demanda de renuncia de García Luna fueron Carmen Aristegui, de MVS Noticias; Félix Fuentes, de El Universal; Jairo Calixto Albarrán, de Milenio Diario; Julio Hernández López, de La Jornada, y Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel J. Jáuregui y Roberto Blancarte, de Reforma. El expediente resalta que las actividades del MPJD distanciaron a Sicilia de María Elena Morera, de la agrupación Causa Común, y de Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, “quienes se manifiestan en contra del pronunciamiento de Sicilia para solicitar la renuncia de Genaro García Luna”. En su perfil político el expediente señala que Sicilia “se distingue por sus fuertes críticas al sistema de gobierno federal y estatal” y destaca sus cuestionamientos a las administraciones estatales de Jorge Carrillo Olea (1994-1998) y Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) en Morelos. Respecto de Felipe Calderón, señala que el poeta considera “que no es culpable de la violencia que vive el país pero es responsable por haber ido a la guerra con una mala planeación”. El expediente indica que una vez que el EZLN se dio a conocer en 1994 “la actividad de Sicilia fue más comprometida con la visión del movimiento guerrillero” y que a la fecha sigue simpatizando con los zapatistas, con quienes se reunió el 16 de septiembre de 2011 en la comunidad de Oventic. La mitad del documento se dedica a dar seguimiento a las actividades de Sicilia a partir del hallazgo del cadáver de su hijo el 28 de marzo de 2011. Da cuenta de todas las reuniones y actividades realizadas cada día de abril a septiembre por el MPJD, incluyendo las sostenidas con Calderón en Los Pinos, así como las caravanas al norte y sur; nombra a quienes participaron en los mítines, cuáles fueron las demandas, citas textuales de los discursos del poeta y la cantidad de gente que acudió a las manifestaciones. Incluso registra el incidente que Sicilia tuvo en Coatzacoalcos el 18 de septiembre de 2011 cuando su equipo de seguridad –de 12 elementos– “fue alertado de la presencia de hombres encapuchados, por lo que detuvieron la marcha para descender de los autos empuñando sus armas y ubicarse alrededor de la camioneta que trasladaba a Javier”. En el amplio documento confidencial se señalan las colaboraciones del poeta en Proceso y en el diario La Jornada; en Ixtus, la revista que dirigió hasta 2007 y de su sucesora, Conspiratio, así como de los libros que ha publicado y de los premios que ha ganado. También se registran sus relaciones con el exabad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, y con ambientalistas y políticos de izquierda como Jean Robert, Pietro Ameglio, Ignacio Suárez Huape (exlíder del PRD en Morelos) y José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. EL EX ÓMBUDSMAN El expediente de Emilio Álvarez Icaza tiene también su biografía personal y familiar –escolaridad, padres, esposa, hijos, formación académica y cargos que ha desempeñado–, así como dirección, teléfonos, CURP, RFC, credencial de elector, cartilla y pasaporte. Cita todas sus publicaciones, las condecoraciones, premios y reconocimientos recibidos desde que fue estudiante de la UNAM –donde se tituló en sociología– hasta su desempeño como presidente de la CDHDF; los cursos tomados en México y el extranjero, sus actividades académicas y profesionales y hasta sus aspiraciones de alcanzar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE). Por sus relaciones personales el gobierno federal encuadra en un “perfil de izquierda” al expresidente del Centro Nacional de Comunicación, organismo que fundó su padre, José Álvarez Icaza. Mencionan como vínculos personales y políticos a Luis Nava Calvillo, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano por la Democracia; al obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, el ya fallecido Samuel Ruiz, y a Ángel Saldaña Zamarrón, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dice el documento: “En 2011 reconocido por ONG, partidos políticos y grupos contestatarios que se oponen a las políticas del gobierno federal. En 2010 se manifiesta abiertamente a favor del aborto y derechos reproductivos, así como del matrimonio entre personas del mismo sexo, que lo ha confrontado desde hace varios años con militantes del Partido Acción Nacional, quienes lo eliminaron en sus aspiraciones a la presidencia de la CNDH en el 2009. “Simpatiza con la Teología de la Liberación, ha realizado trabajos en defensa de los derechos de los pueblos indios”, indica el expediente. También indica que, si bien cuenta con el respaldo de algunos miembros del PRD, otros sectores de ese partido –entre ellos el que arropa a Andrés Manuel López Obrador– le reprocharon haber emitido en noviembre de 2006, como ómbudsman capitalino, una recomendación por el plantón de Reforma, lo cual pudo haber afectado sus intenciones de ser consejero del IFE. MÁS DATOS PERSONALES El expediente de Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, es el más amplio y detallado de todos los elaborados por el gobierno federal: Da cuenta de sus vínculos con los movimientos guerrilleros de México y Latinoamérica, así como con la Teología de la Liberación y la democracia cristiana europea. Álvarez Gándara ha sido uno de los apoyos principales de Sicilia en el movimiento, principalmente en cuanto a contactos y acuerdos con organizaciones sociales, eclesiales y de víctimas. Muchas de las reuniones se llevan a cabo en las oficinas de Serapaz. Integrante de la Coordinación Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base creadas por el obispo Sergio Méndez Arceo, uno de los propulsores de la Teología de la Liberación, y del Agrupamiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares (1992), secretario particular de Samuel Ruiz García, secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación para el diálogo entre el gobierno y el EZLN y miembro de la Comisión de Mediación para encontrar a dos miembros del EPR desaparecidos en 2010. Incluye también el trabajo que realizó en el comité estatal del Partido Socialista de los Trabajadores en Chiapas en 1976. “En el marco de su trabajo en San Cristóbal de las Casas mantuvo relación estrecha con Rafael Sebastián Guillén Vicente, líder del EZLN; (con) Raymundo Sánchez Barraza, director del Centro Indígena de Desarrollo y Capacitación Integral, desde 1989; Francisco Hernández de los Santos, sobrino político y secretario privado de Samuel Ruiz García; Alberto Székely, Carlos Fazio y Froylán López Narváez, de la revista Proceso, con quienes viajó a Chiapas el 16 de octubre de 1995; Pablo González Casanova y Óscar Oliva, con quienes se reunía para informarles de los encuentros del gobierno con el EZLN; Concepción Calvillo de Nava, Elisa Cruz Rivera, Gloria Tello y Alejandro Luévano, con quienes viajó a San Cristóbal de las Casas el 10 de septiembre de 1995”, indica el documento. También se lleva un registro de sus viajes al extranjero de 2006 a 2011, como los casos de Bolivia y Brasil, país este último donde participó en reuniones de organizaciones de perfil socialista. Otro expediente es el del sacerdote Miguel Concha Malo, prior de los Predicadores Dominicos, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, colaborador de La Jornada e integrante del MPJD. De Concha también tienen el registro de su domicilio particular y el de su oficina, su CURP, credencial de elector, número de pasaporte, estudios laicos y religiosos en México, Italia y Francia; sus reconocimientos nacionales y en El Salvador, y el financiamiento que recibe de la Fundación Koch de Estados Unidos para mantener el centro que dirige. De su perfil político se resaltan que fue “uno de los voceros más importantes entre los dominicos de la Teología de la Liberación en la década de los 70”. Advierte que ha actualizado su discurso, pero su crítica a las injusticias permanece constante. “Los integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes ubicaron en 1981 a Concha Malo como una persona comprometida con la guerrilla internacional que filtraba ideas marxistas en la UIA (Universidad Iberoamericana) a través del departamento de Ciencias Teológicas y el Centro de Integración Universitaria”, dice el documento del gobierno federal. Incluye una larga lista de actividades políticas y sociales, como su participación en reuniones propuestas por el EZLN, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Causa Ciudadana, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y el propio MPJD. “Es uno de los principales baluartes del sector progresista eclesiástico”, precisa el documento que agrega que el 7 de agosto de 1997 fue amenazado de muerte y en 1999 su oficina fue allanada y saqueada. Clara Jusidman, otro de los integrantes del grupo que apoya y discute las estrategias del movimiento, tiene un expediente elaborado por el gobierno federal en el que, al igual que los anteriores, incluye datos personales: escolaridad, domicilio, propiedades, familia, CURP y credencial de elector. Llama la atención que se incluyen todas sus actividades como funcionaria de gobierno desde 1969, cuando fue asesora técnica para el censo del año siguiente, pasando por la dirección del Centro de Investigación para el Desarrollo Rural Integral de la Secretaría de Programación y Presupuesto (1983-1984) que desempeñó cuando era titular Carlos Salinas de Gortari; también menciona su trabajo en el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad de la Sedesol, cuando era secretario Luis Donaldo Colosio, y en el Consejo Técnico del IFE (1994), en el BID y la ONU. Menciona su militancia en el PRI, donde fue coordinadora de la Subcomisión para la Modernización Rural del CEN (1988-1994), y como integrante de Alianza Cívica, presidenta del Acuerdo Nacional para la Democracia (1994), del Grupo San Ángel, de Causa Ciudadana y fundadora de Incide Social. Pero destaca que a partir de 1996 comenzó a separarse del PRI, siendo objetada en el IFE por el representante de ese partido, Enrique Ibarra Pedroza (hoy simpatizante del PRD) y presionada por grupos conservadores en 1998 por apoyar la ley de asistencia a enfermos de VIH. Cita sus participaciones en diversos actos desde 1999, como el Primer Congreso de Trabajo Social del Distrito Federal; el Foro Internacional Construyendo la Paz y el Desarrollo Social en Chiapas, el 27 de noviembre de 2002, además de algunas conferencias de prensa en 2006 en las que habló de la necesidad de la participación ciudadana para resolver la crisis poselectoral. Menciona su participación en el MPJD y advierte que ha tenido discrepancias con Sicilia, pues se considera “conciliadora y dispuesta a negociar”. La ficha del joven universitario Raúl Romero Gallardo contiene todos los datos particulares, familiares y laborales, y además incluye sus actividades políticas desde que era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, su participación en foros de apoyo al EZLN en 2009 y distintas actividades contra la militarización del país. Indica que fue integrante de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (Comecom), “un grupo de corte contestatario que coordina a los colectivos estudiantiles (que) surgió en 2010 luego del asesinato de estudiantes en Ciudad Juárez, Chihuahua”. El expediente indica que este grupo “pretendía cooptar el movimiento de Sicilia para fortalecerse y promover sus demandas particulares contra el gobierno federal”, pero que “luego de tener divergencias con el intelectual (Sicilia) y con la comisión redactora del Pacto Nacional decidió separarse del movimiento (por la paz), aunque dejó abierta la posibilidad de participar en alguna de sus actividades si el evento coincide con sus intereses”.
