Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES, California.- Diez mil
muertos en Juárez y más de sesenta mil en México, no le dicen nada al
gobierno de Estados Unidos. Pero casos individuales de violaciones de
derechos humanos que se han vuelto emblemáticos por su impunidad, pueden
tener más impacto para trasmitir lo que realmente sucede. Así lo
expresa Carlos Spector, abogado mexicano con nacionalidad
estadounidense, quien ha logrado el éxito de cinco casos de asilo
político de defensores de derechos humanos como Cipriana Jurado, Saúl
Reyes Salazar, Mónica Arias Hernández (nuera de la asesinada Marisela
Escobedo) y una quinta persona que pidió se guardara su identidad.
Todos ellos han sido amenazados de
muerte o su vida ha estado en riesgo por denunciar violaciones cometidas
por las autoridades o el ejército mexicano en Ciudad Juárez y en
Guadalupe, Valle de Juárez.
Saúl Reyes Salazar, activista de DDHH y Carlos Spector , abogado asilo político Foto: LAPress
Entrevistado en el marco del foro
“Mexicanos en el exilio y la primera enmienda” organizado por California
State University, Northridge, Carlos Spector explica la gravedad de la
situación política que viven los activistas e incluso sus familiares en
Juárez y su Valle, “porque por una parte, son perseguidos por el
gobierno y sus policías, y por otra, “no hay en quién confiar”, muchos
de los organismos de derechos humanos son presionados a depender
económicamente del gobierno, o tienen miedo y se vuelven flexibles con
las fuerzas policíacas.
Los casos a los que hace alusión el
abogado como “emblemáticos” por el grado de impunidad y la participación
del gobierno y el ejército son el de la familia Reyes Salazar y el de
la familia de Marisela Escobedo. Los primeros han padecido seis
asesinatos en el que se responsabiliza directamente al ejército. Y en el
caso de la familia Escobedo, asesinada madre e hija, funcionarios
públicos y jueces han participado directamente en la obstaculización de
la justicia.
“Las autoridades mexicanas te dicen: ¿quieres ayuda? ¡Vete con los gringos!”
“La política estadounidense, la
estructura y proceso político tan severo para desanimar a los mexicanos a
que vengan a este país”, son los obstáculos que se tienen que
enfrentar, dice el abogado Carlos Spector, quien ganó su primer caso de
asilo político en 1991.
Para las autoridades mexicanas es muy
fácil relacionar la mayoría de los casos con el narcotráfico, señala el
abogado, y no investigan. Incluso han dicho que la mayoría de los
crímenes están relacionados con la droga. Se pregunta “¿cómo saben, si
no investigan?”.
En el caso de Saúl Reyes Salazar, de
familia de activistas por los derechos humanos en el Valle de Juárez,
explica que el ex embajador Carlos Pascual lo etiquetó como un caso
relacionado con el narcotráfico. Y cuando la familia lo buscó para pedir
su intervención en el caso, dice que “doña Sara Salazar llegó con dos
papelitos, seis asesinatos y ninguna investigación”. En el caso de Saúl
se tuvo que hacer visible la violencia particular que estaba padeciendo
su familia.
Otro caso dramático es el de ex policías
honestos, que no se quisieron involucrar en la corrupción o en los
crímenes y tuvieron que salir huyendo con sus familias. Si se quedaban
iban a ser agredidos, y si denunciaban también, dice Spector. Pero “te
corren de tu trabajo, te quitan tu casa, te quitan tu carro, te amenazan
a ti y a tu familia, ¿y todavía quieren que te quedes callado?”,
cuestiona el letrado.
Explica que los mexicanos tienen que
denunciar y demandar una vez que están dentro de los Estados Unidos, por
seguridad, y la denuncia se convierte en una expresión política para
que se dé el asilo político, incluso si la persona entra legalmente,
dura menos tiempo y es más fácil resolver el caso. Termina la entrevista
con una frase que se queda retumbando en el aula: “Que aparezca el
cuerpo de tu ser querido es una victoria”, en alusión a las
desaparecidas de Juárez que por años las han sufrido sus familiares.
“Los desplazados de Guadalupe”
La violencia de Ciudad Juárez no es la
violencia del Valle de Juárez, precisa Saúl Reyes Salazar, miembro de la
familia activista de derechos humanos, en entrevista para Los Ángeles
Press. En Guadalupe, Valle de Juárez, denuncia que se está dando un
exterminio desde 2008, con la llegada del ejército enviado por el
presidente Felipe Calderón, bajo el pretexto de la guerra contra el
narcotráfico.
Y por cada uno de sus muertos, a Saúl,
le tiembla la voz al contar que fueron asesinados a unos cuantos metros
de los puestos militares. Julio César estaba a menos de 300 metros.
Josefina a diez minutos. Rubén, Elías, Magdalena y Luisa, a unos 500
metros. Todos activistas de derechos humanos, todos asesinados. Sus tres
últimos muertos, que fueron secuestrados el 7 de febrero de 2011, dice
que los mataron al día siguiente, pero los cuerpos los tiraron 26 días
después cerca de una gasolinera. Sin dudar en nada, señala al ejército
como responsable de los asesinatos de su familia.
Otra fuente confidencial afirma que esos
tres cuerpos tenían tierra suelta entre las prendas; como si los
hubieran enterrados y los volvieron a sacar, y que ese tipo de tierra
sólo se da en una zona desértica específica del Valle de Juárez, pero no
hubo mayor investigación al respecto.
Recuerda Saúl que antes en Guadalupe,
había seis policías. Ahora hay 80 militares, dice. Y desde que llegaron,
hay cateos en las casas y se llevan lo que quieren. Las saquean. La
cada de su madre, Sara Salazar, señala que fue cateada unas diez veces.
Poblado El Mimbre, 27 de diciembre 2011 Foto: Norte Digital
Los secuestros se incrementaron y los
pleitos también, “porque van y les dejan cuerpos tirados frente a los
cuarteles”. Hace un recuento vertiginoso Reyes Salazar y señala que
además de la población reducida dramáticamente, por amenazados y
desplazados, hay unas cien casas que fueron quemadas. Ahí tan sólo en
Guadalupe, según sus datos, se han perpetrado unos 200 asesinatos y han
desaparecido a más de 50 personas.
Saúl Reyes Salazar se pregunta “¿Quién
hace eso?”, y responde: “llegan vestidos de negro, botas militares,
encapuchados, con armas largas. Y les dicen a la gente que tienen 40
minutos para salirse de sus casas y del pueblo. Algunos no se han ido
todavía y ya les están quemando la casa”.
Lo que cuenta Saúl ha sido también
denunciado en otros medios y en las redes sociales el pasado 27 de
diciembre de 2011, con el poblado El Mimbre. Fueron atacados los
habitantes por un comando para expulsarlos de sus casas y luego las
quemaron. El visitador de derechos humanos de Chihuahua, Gustavo de la
Rosa, intervino oficialmente para negar esa información diciendo que era
una “falsa alarma”. Y el silencio volvió a tender su manto de
impunidad.
